Lunes, 23 de Noviembre del 2020

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Abren 113 actas de investigación tras violencia en Puente Grande

Luego de los hechos violentos ocurridos la tarde de ayer en la Comisaría de Sentenciados del Complejo Penitenciario de Puente Grande, Jalisco, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), informó que permanece en el lugar para garantizar la atención a quienes resultaron víctimas, además de verificar que las autoridades atiendan y den seguimiento al caso con un enfoque de respeto a los derechos humanos. En total se abrieron 113 actas de investigación, correspondientes a cada una de las personas privadas de su libertad con las cuales la defensoría se entrevistó, ademas de una queja oficiosa por las personas que fallecieron.

La Comisión señaló que tras lo ocurrido en Puente Grande estableció comunicación con el personal a cargo, luego abrió el acta de investigación 190/2020/IV y se dictaron medidas cautelares dirigidas al secretario de Seguridad del Estado y al director general de Prevención y Reinserción Social.

Primero solicitaron realizar las acciones pertinentes para garantizar la seguridad en la Comisaría de Sentenciados, las cuales deben respetar en todo momento los derechos humanos y los bienes de las personas que se encuentran privadas de su libertad.

Además, proporcionar de manera inmediata atención médica adecuada a las personas lesionadas en los hechos. Brindar información veraz y oportuna a los familiares de las personas privadas de su libertad, respecto al estado que guardan y de la situación que prevalece en ese centro de reclusión.

El personal de la defensoría, encabezado por su titular, Alfonso Hernández Barrón se trasladó al lugar, donde se encontraba un grupo numeroso de personas que manifestaron ser familiares y amigos de personas privadas de su libertad, quienes solicitaron la intervención de esta CEDHJ para saber lo que había ocurrido con sus familiares, conocer su estado de salud y tener comunicación con ellos. Para tal fin, el personal se dirigió al interior del centro penitenciario para entrevistarse con el director general de Prevención y Reinserción Social y con el director de la Comisaría de Sentenciados.

Las autoridades penitenciarias informaron que el único lugar en donde se registró conflicto fue en la Comisaría de Sentenciados y que los demás centros se encontraban en calma y operaban con normalidad.

Se realizó un recorrido por las instalaciones de la Comisaría de Sentenciados, en donde se concretó la gestión para que las familias que se encontraban en la primera aduana de vehículos, en el exterior del centro, pudieran realizar llamadas telefónicas y videollamadas con sus internos.

La Comisión dispuso de dos equipos de trabajo, uno se ubicó en el área administrativa, adonde eran llevadas las personas privadas de su libertad; y el otro, en el filtro del área de videollamadas, donde iban pasando los familiares de diez en diez. Una vez que las personas privadas de su libertad terminaban la llamada, la CEDHJ corroboraba que habían hablado con sus seres queridos; la mayoría estableció comunicación con sus mamás. Este proceso culminó en su primera etapa a las tres de la mañana de este sábado.

Por parte de la Comisaría de Sentenciados se integró un equipo de trabajadoras sociales que auxiliaron en el diálogo con las familias.

La CEDHJ amplió las medidas cautelares que se habían dictado a mediodía, y se mantuvo en comunicación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que también dictó medidas cautelares.

Por parte de la Comisión Estatal se solicitó al secretario de Seguridad del Estado y al director general de Prevención y Reinserción Social:

  • Informar las acciones que se realizarán para proporcionar a los familiares de las víctimas directas, las medidas de protección y garantía de sus derechos como víctimas de delito, conforme a la Ley General de Víctimas, entre otras, para que se les proporcionen las medidas de atención, apoyo y asistencia que resulten necesarias, así como el auxilio psicológico y médico que requieran.
  • Que se realice un esfuerzo extraordinario para sufragar los gastos funerarios derivados del fallecimiento de los internos y para atender a los lesionados durante el tiempo que dure su recuperación.
  • Ademas se coadyuve con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos que culminaron con la pérdida de vidas y lesiones y que se tomen las medidas necesarias para garantizar a las personas internas la no repetición de hechos.
  • La CNDH solicitó al director general de Prevención y Reinserción Social salvaguardar la vida e integridad psicofísica de la población penitenciaria, que certifique la integridad física de los internos agredidos, proporcionar de manera inmediata, integral y oportuna la atención médica y en su caso, los medicamentos que requieran.
  • Evitar que las personas privadas de la libertad y sus familiares sean sujetos de represalias derivado de la emisión de estas medidas, que se informen los nombres de las personas fallecidas y se proporcione a sus familiares el apoyo que requieran, así como asistencia legal para la entrega de los cuerpos.
  • Brindar de manera inmediata información a sus familiares sobre el estado de salud de los internos que resultaron lesionados, proporcionar copia de los certificados médicos y expedientes clínicos de los internos lesionados en los hechos.
  • Además se solicitó que se mantuviera el mecanismo de comunicación para darle tranquilidad a las familias, por lo que desde primera hora de este sábado se instaló personal de la Comisión en la Comisaría de Sentenciados para agilizar este proceso.

Personal de la defensoría también estuvo presente en la Cruz Verde Dr. Alfredo Lepe Oliva, mejor conocida como Pajaritos, que se encuentra a 2.5 kilómetros del Centro Penitenciario, donde se les informó que las personas lesionadas en los hechos fueron llevadas a ese puesto de socorros y posteriormente trasladadas al Hospital Civil de Guadalajara. Se realizaron gestiones para su identificación y en el caso de las personas fallecidas, que se siguiera el proceso para la entrega de sus cuerpos a sus deudos.

 

Se reiteró la solicitud de que se agilicen los trámites para concretar los beneficios de libertad anticipada, preliberaciones o sustituciones por reclusión domiciliaria a quienes tengan ese derecho, y las acciones procedentes para despresurizar los reclusorios.

 

También se hizo la petición al Supremo Tribunal de Justicia del Estado para que entraran en funciones de su competencia los jueces, lo cual se informó que se realizaría, pero el proceso avanza con lentitud, a pesar de que es un derecho que tienen las personas privadas de su libertad que están en los supuestos que la normatividad establece  para estos casos.

 

Este sábado, desde muy temprano, personal de esta defensoría se encuentra dialogando con familiares y con autoridades y se han implementado dos centros de comunicación, uno en la Dirección General de Prevención Social y otro en la Dirección de la Comisaría de Sentenciados, lo cual permite que haya mayor fluidez en las llamadas que realizan los familiares con las personas privadas de su libertad.

 

También se dictaron nuevas medidas cautelares dirigidas al Fiscal Especial de Derechos Humanos y al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que se agilice la entrega de los cuerpos de las personas fallecidas a sus familiares y para que la investigación de los hechos se realice de manera pronta.

 

Personal de la CEDHJ mantendrá guardias permanentes en el complejo penitenciario hasta que todas las familias tengan la tranquilidad de la situación en que se encuentran sus familiares y seres queridos.

Isela Ibarra

 

 

 

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