Más de mil vehículos calcinados y 400 negocios afectados tras jornada violenta del 22 de febrero

A más de un mes de la jornada violenta del pasado 22 de febrero —detonada tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”— el Gobierno de Jalisco confirmó la magnitud del impacto: más de mil vehículos incendiados y cerca de 400 establecimientos comerciales dañados en distintos puntos del estado.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, detalló que gran parte de las unidades afectadas pertenecían al transporte de carga y vehículos de trabajo, lo que representa un golpe directo a la movilidad, la logística y la economía cotidiana en la Zona Metropolitana de Guadalajara y otras regiones.

Actualmente, el Estado lleva a cabo un proceso de empadronamiento para clasificar los casos: si existe denuncia formal, carpeta de investigación o seguro vigente. Sin embargo, no hay claridad sobre los montos de apoyo económico que recibirán los afectados sin seguro, ni fechas concretas de entrega.

Zamora adelantó que incluso quienes enfrentaron negativas por parte de sus aseguradoras podrían acceder a este respaldo, aunque el mecanismo aún no ha sido detallado públicamente.

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En el sector comercial, el daño fue igualmente severo:
alrededor de 300 tiendas Oxxo, 80 kioscos y siete farmacias fueron incendiadas o vandalizadas, principalmente en Guadalajara, durante lo que ya se conoce como el “domingo negro”.

Aunque el Gobierno asegura que el 70% de los negocios ya reabrieron, aún persisten decenas de establecimientos cerrados, sobre todo fuera de la Zona Metropolitana, donde los estragos siguen siendo visibles y la recuperación avanza más lento.

Más allá de las cifras, el problema de fondo sigue vigente:
vehículos destruidos que eran herramientas de trabajo, rutas de carga afectadas y zonas comerciales golpeadas, en un contexto donde la seguridad continúa siendo una deuda pendiente.

La presencia de negocios calcinados y unidades abandonadas no solo refleja el nivel de violencia vivido, sino que también mantiene una percepción de inseguridad que impacta directamente en la actividad económica y la confianza ciudadana.

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