Simplifican administración: siete organismos autónomos que van a desaparecer

El Poder Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto para simplificar la administración pública, lo que implica la desaparición de siete organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

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Durante más de dos décadas, impulsó el ejercicio de derechos individuales y colectivos, facilitando el acceso a información esencial como expedientes clínicos, semanas cotizadas y documentos para pensiones. Además, abrió información pública clave para combatir corrupción, proteger derechos humanos y garantizar justicia en casos emblemáticos como Ayotzinapa, Tlatlaya, Odebrecht y La Estafa Maestra.

El Instituto también promovió derechos de grupos vulnerables, incluyendo migrantes, adultos mayores, niños, personas con discapacidad y la comunidad LGBTIQ+. Ordenó la apertura de información sobre violencia de género, atención a víctimas de violencia sexual, salud reproductiva, pensiones alimentarias y violencia vicaria.

Los otros organismos que desaparecen son: Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

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Este cambio busca evitar duplicidad de funciones e integrar dichas entidades a la administración centralizada.
El Congreso de la Unión tiene 90 días naturales para adecuar las leyes correspondientes y cumplir con el decreto, salvo lo estipulado en el artículo Décimo transitorio.

Las funciones de estos organismos serán asumidas por dependencias gubernamentales: el Inai será integrado a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; el IFT se trasladará a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; el Coneval al INEGI; Cofece a la Secretaría de Economía; mientras que la CRE y la CNH pasarán a la Secretaría de Energía. Por su parte, Mejoredu será asumida por la Secretaría de Educación Pública.

El decreto asegura que los derechos laborales de los trabajadores serán respetados según la legislación vigente, y que los recursos humanos de los organismos eliminados serán reasignados a las dependencias que asumirán sus funciones.

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Esta reestructuración responde al objetivo de optimizar los recursos y centralizar la administración pública, eliminando estructuras consideradas redundantes.

La reforma ha generado críticas, especialmente del Inai, que advirtió sobre riesgos para la transparencia y protección de datos personales. Según su comunicado, México podría enfrentar desafíos en la garantía de derechos fundamentales.

Expertos destacan que la autonomía de los organismos eliminados era crucial para evitar la centralización excesiva de poder y asegurar la vigilancia independiente en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones y competencia económica.

Pablo Garabito

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