Denuncian presunta defraudación fiscal y en pasada administración de la Cedhj

Presentan denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) delegación Jalisco en contra de la anterior administración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (Cedhj) por la probable defraudación fiscal ya qué omitió presentar Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), y retener y enterar sobre el Impuesto Sobre la Renta (ISR) respecto al pago de aguinaldo al personal de la institución correspondiente a los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020, así lo informó el representante legal de la Comisión, Francisco Ulloa Sánchez.

Además, se presentará ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción Jalisco tres denuncias; una de ellas “en contra de quien resulte responsable por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y uso ilícito de atribuciones facultades en dos modalidades según el código penal del Estado de Jalisco, así como los cometidos de la administración pública”.

El abogado señaló que además de omitir obligaciones fiscales, se localizó una partida extraordinaria para el pago de nómina de 80 empleados “asimilados”, que funcionaba como nómina “para amigos”, a la cual la anterior gestión destinaba de 10 a 14 millones de pesos anuales.

“Ese dinero que no se pagó al fisco, hicieron en una transferencia de partidas a una partida que se llama asimilados a salarios y se supone eso el Ministerio Público nos lo tendrá que decir, que contrataron a sus cuates”, detalló el abogado.

La segunda denuncia también es por la probable comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público y o uso ilícito de atribuciones y facultades ya que mediante un contrato de comodato, el Ayuntamiento de Tlaquepaque entregó la posesión de un inmueble a la Comisión del cual se desconoce el uso que se le daba.

En el contrato, la Comisión se obliga a pagar servicios como el agua potable y de esto hay una omisión desde 2019 hasta agosto 2022 por lo cual se generó un adeudo con el Siapa por la cantidad de 172 mil cinco pesos de los cuales 41 mil 613 con 17 centavos corresponden a recargos.

La tercera denuncia es por la probable comisión del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades y por el delito cometido de la administración pública pues se contratar un servicio de telefonía celular y con estas se firmaron contrato de plazos forzosos que más tarde causaron daño al erario por una penalización en la cancelación de las líneas celulares por casi 30 mil pesos.

Finalmente se informó que la Comisión buscará acercamiento con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para negociar un adeudo por 20 millones de pesos que actualmente se tienen.

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