Museo de Ciencias cuesta más de mil millones y sigue sin abrir
Tan solo en seis años de trabajo para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales (MCA) del Centro Cultural Universitario (CCU) este lleva apenas un avance del 80 por ciento de la construcción y en este ya se ha invertido una cifra superior a los mil millones de pesos.
De acuerdo a lo dicho por Raúl Padilla López, presidente del fideicomiso del CCU el recinto debió haber sido concluido en 2018; a la fecha esto no ha sido posible y se desconoce cuándo pudiera quedar concluido y puesto al servicio público.
La obra ha tenido varías inversiones:
- 188 millones 029 mil 105 pesos con cuatro centavos de la Universidad de Guadalajara
- 645 millones de pesos del gobierno federal
- 72 millones 761 mil 865 pesos con 27 centavos del ayuntamiento de Zapopan
- 130 millones 993 mil 721 pesos con 85 centavos del gobierno estatal
Con superando los mil 036 millones 784 mil 692 pesos con 16 centavos convirtiéndose en el museo con mayor inversión de la historia del estado, a pesar de que resta el 20 por ciento de la construcción.
Los últimos meses el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez y el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí han tenido un constante jaloneo por la falta de 140 millones de pesos que fueron reasignados para priorizar la infraestructura en materia de salud para la construcción de la Hospital Civil de Oriente en Tonalá.
Lo anterior ha provocado que la comunidad estudiantil salga a las calles a marchar en 96 ocasiones para mostrar su inconformidad y que se les regrese dicho recurso.
El pasado 30 de marzo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) respecto a dicha reasignación del presupuesto de la Universidad de Guadalajara pues determinó que no se violentó a la autonomía de la casa de estudios ya que la Universidad es un organismo descentralizado de la administración pública estatal que no cuenta con el reconocimiento constitucional necesario para presentar una controversia y por lo tanto no existió vulneración a su autonomía.
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