martes, 19 de marzo del 202419 de mar del 2024

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Investigan salida a “fiestas” de reclusas de Puente Grande 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, investiga las salidas a “fiestas” de reclusas de Puente Grande. 

Según lo detallado por la CEDHJ, entre los meses de febrero y agosto del 2020, mujeres, internas en el Reclusorio Femenil de Puente Grande, fueron llevadas en 23 ocasiones a fiestas dentro de la misma zona del penal, pero a las áreas de hombres como el Reclusorio Preventivo. 

El caso más alarmante ocurrió el 24 de marzo del 2020, cuando en plena pandemia, salieron 64  del pabellón de mujeres a una reunión; cuando regresaron 11 de ellas presentaban aliento alcohólico, dos de ellas pacientes psiquiátricas. 

“Un total de 64 mujeres fueron sacadas de la Comisaría de Reinserción Femenil para ser llevadas a un ‘evento social’ a la Comisaría de Prisión Preventiva del Estado y fueron regresadas el mismo día por la noche. Manifestaron que 11 de ellas tenían aliento alcohólico, de las cuales dos son pacientes psiquiátricas”, señaló Alfonso Hérnandez Barrón, presidente de la CEDHJ. 

El titular de la comisión agregó que las custodias que reportaron el hecho “a modo de represalia” fueron trasladadas a otros centros y posteriormente a dos de ellas no se les renovó su contrato; por lo que presentaron una queja en la Organización Nacional de Derechos Humanos y Laborales de los Policías de México. 

Por su parte, el visitador de la comisión, Javier Perlasca Chávez, narró que el titular del penal, José Antonio Pérez Juárez, se justificó diciendo que la salida de las presas era para “apaciguar la tensión” que tenían las reclusas por la pandemia; no obstante, no se aplicó ningún protocolo marcado por la ley, por lo que emitieron recomendaciones. 

“Para la CEDHJ quedó acreditado que las autoridades de la Comisaría de Reinserción Femenil y de la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado incurrieron en irregularidades y omisión institucional, además de que se violaron los derechos humanos a la legalidad y la seguridad jurídica”. 

Entre lo que se pide está, la reparación del daño para las reclusas denunciantes, que se inicie un proceso administrativo contra los responsables sin importar su cargo, que se eviten más represalias contra el personal, que se abra un expediente de este caso  y que se realice una audiencia y defensa de los servidores públicos involucrados.

GM


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