Habitantes de Tlajomulco piden cesen desalojos y abusos
Vecinas habitantes de Santa Fe, en Tlajomulco de Zúñiga, piden al ejecutivo federal que cesen los desalojos y abusos, además solicitaron apoyo para reestructurar la deuda de sus créditos pues aseguraron que no se niegan a pagar, pero que tampoco están de acuerdo en el trato inhumano que les están dando.
En representación de al menos 25 mil afectados, un grupo de vecinas tlajomulquenses se situaron frente al acceso principal del Congreso Local para que mediante las y los legisladores, se haga eco sobre el problema que les aqueja desde hace unos meses atrás, cuando personas sin identificar se presentaban en sus casas y les sacaban todo a la calle asegurando que la propiedad tenía otro dueño.
La señora Martha Hernández destacó que ninguno de los que presenta cartera vencida se niega a pagar, pero aseguró que hay dolo por parte de la constructora con la que firmaron el contrato de compra-venta, pues sin notificación alguna, la inmobiliaria Crédito y Casa vendió las propiedades y ahora son ellas y sus familias quienes sufren las consecuencias de lo que denominaron fraude inmobiliario.
Tras recorrer varias instancias y como último recurso, solicitaron la intervención por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, o de quien sea que les pueda ayudar. Hace unos días le enviaron una carta al jefe del ejecutivo federal para exponerle la situación.
“Pedimos que se nos proporcione una solución a esta situación que estamos padeciendo aproximadamente 25 mil personas en Santa Fe, que usted como autoridad federal logre proporcionarnos una solución en reestructurar nuestras deudas y con una mensualidad de acuerdo a lo que percibimos recordando que son casas de interés social, puesto que la deuda se firmó con Hipotecaria Federal, bríndenos la certeza de que no se presentarán más desalojos y que se respetarán nuestros derechos humanos”.
A decir de Brenda Vázquez, otra de las afectadas, cuando firmaron el contrato del monto de la casa, en 2003, el costo era alrededor de los 200 mil pesos y pagaban una mensualidad de mil 500 pesos. Conforme pasó el tiempo les avisaban que debían pagar a distintas cuentas y por último ya no podían depositar porque no había a quien pagarle.
“Es un abuso, quienes están llegando a ejecutar los desalojos solicitan 36 mil pesos para apartar la propiedad y un convenio de que pagaremos seis mil pesos mensuales hasta liquidar el costo actual de la casa el cual en este momento se nos incrementó a casi 800 mil pesos”.
Según contabilizaron, en las últimas semanas se han desalojado a cerca de 30 familias, situación que además de representarles un problema social, vulnera a otros habitantes de la zona, pues se ha incrementado la inseguridad ya que al quedar las casas vacías, llegan personas ajenas a la propiedad, las desmantelan, vandalizan o bien, se quedan de «paracaidistas».
Isela Ibarra
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