Adultos mayores deben ser prioridad en Plan Integral 2021: CEDHJ

Que las y los adultos mayores así como otros grupos socialmente vulnerables sean prioridad en el Plan Integral 2021 para atender y contener el COVID-19, así lo solicitó la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). Para darle mejor vigilancia a las nuevas medidas instalaron un Grupo de Consulta con el cual protegerán los derechos humanos de las poblaciones más susceptibles en el contexto de la pandemia.

El Grupo de Consulta estará integrado por especialistas en derechos humanos, infectólogos, gerontólogos, geriatras, psicólogos, miembros del Consejo Ciudadano de la Comisión, el área de salud de la Primera Visitaduría y la Secretaría Técnica y Ejecutiva de la Comisión.

A decir de la CEDHJ, las medidas que el gobierno del estado ha implementado para atender la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 llevan la finalidad de preservar la salud de la población y mitigar los efectos de la pandemia, sin embargo, destacó que se deben considerar las condiciones y circunstancias de las personas que por su situación de vulnerabilidad social requieren atención prioritaria.

En el marco de “la nueva normalidad” el Grupo de Consulta propuso a las autoridades responsables en materia de salud en Jalisco que las acciones que se emitan en el Plan Integral para 2021 se pondere, de manera enunciativa más no limitativa con relación a las personas adultas mayores.

«Que las acciones de gobierno se diseñen y ejecuten con perspectiva de derechos humanos y que contengan principios como la equidad, perspectiva de género, libertad en todos sus aspectos, racionalidad y trato digno, pues con esto se debe evitar la afectación a diversos grupos sociales, además de realizar acciones diferenciadas, proporcionales, temporales, graduales, pertinentes, interseccionales y no arbitrarias».

Las medidas no deberán ser discriminatorias en su aplicación, tampoco quedar a la discrecionalidad de la autoridad ni a la interpretación de quienes la ejecuten, además de que se debe instalar una mesa permanente de seguimiento y evaluación a fin de atender cualquier eventualidad y realizar los ajustes pertinentes.

También que se implementen medidas para la vigilancia del cumplimiento de los protocolos y medidas de protección con particular énfasis en la población de alto riesgo o en situación de vulnerabilidad, como lo son personas mayores institucionalizadas, con discapacidad, privadas de la libertad, migrantes y en situación de calle.

Las medidas que se dicten deben sustentarse en estudios epidemiológicos para identificar los puntos de mayor propagación del virus y con esto encaminar adecuadamente las acciones que interrumpan en la cadena de contagios.

Por lo anterior solicitaron que la Mesa Especializada o mecanismo que se vaya a implementar sea multidisciplinario, es decir, que cuente con soporte de medicina, psicología, sociología, antropología, economía, derecho, comunicación, derechos humanos, entre otros.

Ante la contingencia sanitaria, también se deberá garantizar la atención médica a personas que lo requieran por cualquier otra enfermedad, accidente o padecimiento y que se informe con claridad a la ciudadanía en qué hospitales pueden atenderles.

Destacaron que se debe realizar una campaña de difusión y orientación para sensibilizar a la población sobre los alcances y efectos de la vacuna contra el SARS-CoV-2 a fin de garantizar el derecho informado de las personas adultas mayores.

«Que se diseñen e implementen programas de salud mental dirigidos a la sociedad en general y que estos incluyan la atención en tanatología y cuidados paliativos, a fin de facilitar los accesos a los servicios, no sólo en situaciones de crisis sino también para atender a las familias en proceso de duelo».

La defensoría también hizo un llamado a las y los legisladores de Jalisco para que promuevan una inmediata suscripción de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas adultas mayores y que el Gobierno de Jalisco instale un mecanismo de gobernanza en el cual se escuchen a las personas adultas mayores, a especialistas y autoridades en la materia para diseñar políticas públicas adecuadas para toda la entidad.

Isela Ibarra

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