Jalisco recupera planta potabilizadora de Toluquilla; investigan presunto fraude por 700 millones de pesos

_La planta era operada por una empresa privada desde 2012, pero actualmente produce apenas 200 de los mil litros de agua por segundo que tiene como capacidad potencial. El SIAPA asumirá su operación tras una resolución judicial._

Después de más de seis años de litigio, el Gobierno de Jalisco recuperó el control de la Planta Potabilizadora Número 4 (PP4), ubicada en Toluquilla, municipio de San Pedro Tlaquepaque, que desde 2012 era operada por la empresa privada Operadora de Ecosistemas, S.A. de C.V. (OPECSA), señalada por presuntos incumplimientos contractuales y relacionada con una investigación por posible fraude.

La recuperación fue anunciada por el gobernador Pablo Lemus Navarro durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional. De acuerdo con las autoridades estatales, la empresa tenía comprometida la producción y entrega de hasta mil litros de agua por segundo; sin embargo, actualmente la instalación potabiliza aproximadamente 200 litros por segundo, equivalentes al 20 por ciento de su capacidad potencial.

Un contrato que se remonta a 2012

La operación de la planta quedó en manos de OPECSA mediante un contrato celebrado con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en 2012, por un periodo inicial de 15 años que posteriormente fue ampliado hasta 2033.

El acuerdo contemplaba la producción, potabilización y entrega de agua proveniente de pozos profundos, con un precio establecido de 5.48 pesos por metro cúbico. No obstante, con el paso de los años surgieron controversias relacionadas con los volúmenes suministrados, la calidad del agua y las inversiones comprometidas para mantener la infraestructura.

En agosto de 2020, el SIAPA rescindió el contrato por presuntos incumplimientos, lo que dio inicio a un prolongado conflicto legal con la empresa operadora.

Investigan posible afectación de 700 millones de pesos

De acuerdo con información difundida por el Gobierno estatal, desde 2012 se realizaron pagos cercanos a los 700 millones de pesos relacionados con la prestación del servicio, mientras que la planta registraba una producción inferior a la esperada.

Las autoridades presentaron una denuncia por el presunto delito de fraude genérico, derivada de posibles irregularidades en la operación y el manejo de recursos destinados al servicio.

Sin embargo, el monto señalado todavía deberá sustentarse mediante documentación contable y peritajes. Hasta el momento, no existe información pública suficiente para establecer que la totalidad de esos recursos constituya un daño patrimonial judicialmente acreditado.

SIAPA retomará la operación de la planta

La recuperación de las instalaciones se concretó el martes 27 de octubre mediante una diligencia judicial en la que participaron elementos de la Fiscalía del Estado, quienes realizaron una revisión de documentos, inventario de equipos y aseguramiento de infraestructura, incluidos pozos profundos relacionados con el sistema.

El director del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, informó que el organismo realizará las evaluaciones e inversiones necesarias para incrementar gradualmente la capacidad de potabilización.

La planta actualmente procesa alrededor de 200 litros por segundo, aunque su capacidad potencial alcanza los mil litros. El incremento dependerá de las condiciones de la infraestructura, la disponibilidad de agua de los pozos y las adecuaciones técnicas que resulten necesarias.

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Buscan mejorar el abastecimiento en el sur de la ZMG

La recuperación de la PP4 forma parte de las acciones anunciadas por los gobiernos federal y estatal para atender los problemas de calidad y suministro de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Las autoridades esperan que su rehabilitación contribuya a incrementar el volumen disponible para las colonias del sur de la ciudad, aunque todavía no se ha establecido una fecha definitiva para alcanzar la capacidad total de operación.

El caso también abre interrogantes sobre la supervisión del contrato durante las distintas administraciones, los pagos realizados a la empresa y las responsabilidades que pudieran derivarse de los presuntos incumplimientos.