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Firma Sheinbaum decreto para obligar a dependencias federales a transparentar información mes a mes

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó un decreto de reformas a la Ley General de Transparencia para obligar a todas las instituciones de la Administración Pública Federal a publicar y actualizar su información gubernamental de manera mensual dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

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La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que este marco normativo sustituye el esquema del extinto INAI y prohíbe la reserva discrecional de expedientes públicos, con excepción de aquellos vinculados a la seguridad nacional o procesos judiciales en curso.

En este contexto, Buenrostro reveló que se revisa la denuncia de la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) sobre presuntas extorsiones cometidas por exfucionarios del INAI, solicitando a la organización deportiva aportar elementos probatorios al expediente.

En materia político-electoral y de procuración de justicia, la mandataria federal se deslindó de señalar a funcionarios por presuntos actos anticipados de campaña, subrayando que la fiscalización y aplicación de sanciones corresponden de manera exclusiva al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Asimismo, sobre la orden dictada por el Departamento de Justicia de EE. UU. para decomisar 15 millones de dólares a Ismael «El Mayo» Zambada, la presidenta anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitará formalmente la devolución de dichos recursos para que sean reintegrados al erario nacional.

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Respecto a la revocación de visas estadounidenses a gobernadores o funcionarios locales, Sheinbaum Pardo lo calificó como un asunto de carácter personal y administrativo de aquel país, asegurando que en México solo se procederá judicialmente si existen denuncias y pruebas sólidas.

Por otra parte, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, encabezada por Luisa María Alcalde Luján, y la propia jefa del Ejecutivo aclararon que los lineamientos en consulta pública para la Protección de los Derechos de las Audiencias no facultan a la autoridad para censurar o sancionar contenidos periodísticos.

Alcalde Luján precisó que la intervención gubernamental se limitará a verificar que los concesionarios de radiodifusión publiquen sus códigos de ética y nombren un defensor de audiencias.

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Finalmente, el Gobierno de México formalizó de manera remota la entrega de 4 mil 566 millones de pesos en incentivos económicos para 26 mil 800 productores de maíz en Sinaloa, al tiempo que la presidenta reiteró el rechazo a los esquemas de educación «militarizada» para menores y confirmó que el IMSS e ISSSTE regularán la operación de mil estancias infantiles en el país.

Con datos de Infobae, JMF


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