¿Liberarán a militares involucrados en el caso de Ayotzinapa?
La Secretaría de Gobernación recriminó la decisión de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien planteó otorgar la libertad a ocho militares presuntamente involucrados en el Caso Ayotzinapa.
Por medio de un comunicado de prensa, la dependencia federal coincidió con la postura de la Fiscalía General de la República (FGR) de impugnar la decisión que tomó la jueza.
Fue a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), que el gobierno de México dijo que no se extraña de la posición que tomó el Poder Judicial de la Federación (PJF), pues argumentaron que en sus prioridades “nunca ha estado hacer justicia” y, por el contrario, acusaron que se han dedicado a entorpecer el desarrollo del proceso.
⭕#GobernaciónInforma | Postura del @GobiernoMX respecto a la decisión del Poder Judicial de modificar las medidas cautelares y dejar en libertad a ocho militares vinculados al caso #Ayotzinapa.
• Refrenda gobierno federal su compromiso con la legalidad y, lo más importante,… pic.twitter.com/7nIHJnz2gL
— Gobernación (@SEGOB_mx) January 23, 2024
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Asimismo, recordaron que en el tiempo que lleva el caso, el Poder Judicial liberó a 62 implicados en los hechos “al argumentar que habían sido torturados”, además de que señalaron que también habría intentado liberar al extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, mediante el cambio de sus medidas cautelares.
“Ahora, sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa, con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército”, continuó el comunicado emitido el 22 de enero.
En el escrito también se pudo leer que para el Gobierno de México considera el Caso Ayotzinapa como un asunto de Estado, por lo que adelantaron que solicitarán a la FGR para que se revisen las medidas cautelares, tomando en cuenta los factores de riesgo y los elementos probatorios.
Finalmente, la administración federal dejó en claro que refrenda su compromiso con la legalidad y con el derecho a la verdad y a la justicia de los familiares de los estudiantes que desaparecieron en septiembre de 2014.
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