Migrantes: el desamparo en medio de la pandemia

Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, asociaciones y organismos pidieron al Gobierno Federal velar por los migrantes en México, sin embargo, al momento, se desconoce el paradero de muchas personas en situación de migración.

El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Asylum Access México y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil de todo el país, demandaron al gobierno mexicano salvaguardar a la población migrante.

Durante los meses de abril y mayo, los organismos  han promovido nueve amparos ante juzgados de distrito de la Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Tabasco, Tijuana, Veracruz y Nuevo León, en los que demandan al Consejo de Salubridad General, al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Salud Federal y de los Estados, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Gobernación y al Ejecutivo Federal, que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y protección de los derechos humanos, que se suspendan las detenciones y se liberara a las personas detenidas en las estaciones migratorias.

Hasta ahora, seis de los nueve amparos han resuelto la suspensión a favor de las personas afectadas, sin embargo, en un comunicado, Ana Lorena Delgadillo, Gretchen Kuhner y Alejandra Macias, denuncian que no se han cumplido cabalmente las órdenes judiciales.

«Al contrario, las han evadido o han simulado su cumplimiento. Por ejemplo, la resolución del juez de la Ciudad de México ordena que se otorgue estancia regular a la población migrante y se les apoye a través de un programa social para que puedan sostenerse durante esta crisis sanitaria. También estableció la libertad inmediata de la población en situación de vulnerabilidad detenida en estaciones migratorias. Pero la realidad es que el Instituto Nacional de Migración realizó deportaciones masivas sin respetar el debido proceso, y sin darles a estas personas acceso al procedimiento de asilo. En un acto que refleja nula sensibilidad y criterio, el INM liberó a migrantes llevándolos del norte al sur, dejándolos a su suerte en las calles, donde han sido víctimas de delitos. No se sabe el destino de muchas de estas personas, si siguen en México y en qué condiciones, si regresaron a su país, o si han perdido la vida a manos del coronavirus o de las bandas de delincuentes que operan impunemente».

«Tenemos derecho a la verdad. Tenemos derecho a un gobierno que cumpla con la ley. Tenemos derecho a instituciones que en vez de violar, garanticen los derechos de todas las personas de forma efectiva. Por obligación legal y por obligación ética, el presidente López Obrador debe ordenar a sus funcionarios el cumplimiento inmediato y cabal de las resoluciones del Poder Judicial. La responsabilidad ante la pandemia y el compromiso social con los pobres no se platica, se demuestra con hechos», se lee en el comunicado.

Los organismos y las activistas exigen a las autoridades que el Consejo de Salubridad dicte medidas para la protección de los migrantes.

«El Consejo de Salubridad, como máxima autoridad durante la pandemia, tiene la obligación de dictar medidas efectivas –no como las dictadas hasta el momento– frente al riesgo que están corriendo mujeres, ancianos, niñas, niños y jóvenes migrantes y solicitantes de asilo. Si México ha decidido aceptar a la población deportada y/o expulsada de EUA, debe ser consecuente y brindarles las medidas de salud, atención y vivienda que requieren, no dejarlos a su suerte. El riesgo es para todas y todos, porque si el gobierno hoy incumple un amparo para proteger personas migrantes, mañana podría incumplir un amparo para protegerle a usted».