Buscan tipificar delito de ecocidio

Diputados locales buscan tipificar el delito de ecocidio, plantean penas de hasta 20 años de prisión y multas de hasta 42 millones de pesos.

Con el objetivo de preservar el medio ambiente con acciones correctivas y efectivas, incluyendo  estímulos fiscales a las industrias y comercios que contaminan, para que lo eviten, así como adicionar  al Código Penal el delito de ecocidio y a quienes lo cometan se les imponga una pena de 3 a 20 años de prisión y multa de 42 mil hasta 42 millones de pesos aproximadamente, los diputados del Partido Acción Nacional presentarán diversas iniciativas en el Congreso del Estado.

El Diputado Macías Zambrano manifestó que dichas acciones legislativas son con motivo de la conmemoración del “Día Internacional del Medio Ambiente”. Explicó que sólo en la Zona Metropolitana de Guadalajara hay 52 mil empresas que emiten algún tipo de contaminación que va en aumento, pues en el 2017 el 28 por ciento de los días fueron altamente contaminantes, y el año pasado subió al 30 por ciento. Asimismo, hay 2 mil 500 ladrilleras sin una acción específica para atender ese problema, por lo que plantean que el Gobierno del Estado y sus dependencias se encarguen de  apoyar para que se tengan filtros y mejoren sus procesos de producción, con incentivos.

Por su parte, la Diputada Murguía Torres se refirió a los hechos catastróficos que  se han dado en la Región Sur del Estado, como en los municipios de Zapotlán El Grande, Zapotiltic y Gómez Farías, donde se presentó la contingencia ambiental por los incendios forestales, en algunos casos provocados, con fines agrícolas así como la reciente desgracia en San Gabriel. Señaló que los  cerros han sido talados de manera indiscriminada o bien se tienen arreglos con autoridades municipales para hacer cambios de uso del suelo, causando afectaciones.

Ante la falta de acciones, se espera que la iniciativa sea presentada en la próxima sesión plenaria, con el fin de que se tipifique en el Código Penal el delito de ecocidio para sancionar a quien cometa un daño, destrucción o la pérdida vasta y duradera de uno o más ecosistemas, en un territorio determinado.

Además, solicitará a la Comisión Nacional Forestal que realice un estudio del impacto de la tala clandestina de árboles en la Región Sur del Estado, y de ser necesario se presenten las denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de que deslinde las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

Precisó que se requiere una estrategia integral, en los tres niveles de gobierno, para contener más daños, como los que se han presentado, que al igual que en San Gabriel pueden ocurrir en otros lugares.

Información Congreso de Jalisco / GM