Piden a Peña Nieto frenar Ley de Seguridad Interior

El actual Secretario General del movimiento “Derechos Humanos Amnistía Internacional”, Salil Shetty, mediante una carta abierta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, hizo un llamado a que vete la polémica Ley de Seguridad Interior aprobada el viernes pasado.

Amnistía Internacional indicó que la estrategia de seguridad implementada hace 10 años en torno a ir desplegando fuerzas militares en las calles de la república, ha fallado en su objetivo de brindar seguridad a la ciudadanía y la misma no ha contribuido a una disminución del índice delictivo en el país.

La organización externó su preocupación sobre la aprobación de esta ley, afirmando que la misma “aumentará el número de violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas en la república”.

Salil Shetty resaltó que desde hace 4 años, alertó al presidente Peña Nieto sobre la estrategia de militar el país; respecto a la Ley de Seguridad Interior opinó sobre la frase “seguridad interior” lo siguiente:

“Bajo la vaga e indeterminada frase ‘seguridad interior’, la ley no hace más que esconder un esfuerzo concertado y peligroso de mantener a las fuerzas armadas en labores que deben corresponder a las policías.”

Finalmente Amnistía Internacional llamó a los actuales precandidatos y precandidatas al proceso presidencial 2018 Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade Kuribreña, María de Jesús Patricio Martínez, Jaime Rodríguez Calderón, Margarita Esther Zavala Gómez Del Campo, pidan al presidente vete la Ley De Seguridad Interior.

Para saber más:
Amnistía Internacional es un movimiento mundial que cuenta con simpatizantes en más de 150 países y tiene cerca de 7 millones de miembros, su objetivo es que los derechos humanos sean respetados.

Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 72, una vez aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Unión un proyecto de ley, este debe pasar el mismo al Presidente de la República, quien tiene 30 días para desecharlo totalmente o en su caso alguna de sus partes, regresando el proyecto a la Cámara donde se propuso dicha ley para un nuevo estudio.