Senadores proponen fiscal de hierro y modificaciones a la Constitución para salvaguardar la libertad de expresión
Tras la serie de asesinatos y agresiones que se han desatado sobre los comunicadores y periodistas en los últimos días, senadores se manifestaron sobre las condiciones actuales del ejercicio de la libertad de expresión y las urgentes medidas que se deben tomar al respecto.
La senadora Dolores Padierna Luna opinó que «El estado mexicano debe seguir los principios que tutelan el derecho a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, y obedecer los diversos instrumentos internacionales de los que México forma parte, como el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos»
La senadora y su grupo parlamentario propusieron como contribución a la lucha contra la erradicación de la violencia ejercida contra la libertad de expresión modificar el artículo 6° de la Constitución Mexicana y agregar los siguientes párrafos:
“Las personas profesionales de la información tienen el derecho a desempeñarse de manera libre y a mantener el secreto profesional, el cual salvaguarda a periodistas y colaboradores periodísticos en cumplimiento de sus funciones, así como a no ser obligados a revelar sus fuentes de información”.
“En su desempeño se respetará como eje fundamental la cláusula de conciencia para la salvaguarda de su dignidad personal, profesional y su independencia”.
“El Estado garantizará la seguridad de las personas que ejerzan el periodismo, así como las condiciones para que quienes sean perseguidos arbitrariamente en el ejercicio de dicha actividad profesional, puedan vivir y trabajar con dignidad”.
La propuesta fue turnada para análisis a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y Estudios Legislativos, Primera.
Por su parte el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, propuso la creación de una Fiscalía Autónoma que investigue toda agresión cometida contra la libertad de expresión y que las mismas sean dirigidas por un fiscal de hierro.
Por otro lado propuso que sea obligación de los servidores públicos buscar la real y efectiva procuración de justicia en los crímenes y agresiones contra la libertad de expresión y se sancione con la separación del cargo a servidores que sean omisos en tal labor.
Esta iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos para su análisis.
Finalmente en comunicado de prensa se concluyó que «Al asesinar a un periodista, se atenta directamente contra el derecho de todas y todos a la información y a la libertad de expresión, además de que van enfocados a silenciar aquellas voces que se alzan contra la impunidad y la corrupción que desafortunadamente impera en nuestro país, concluyó».
Fuentes: 1, 2, imágenes tomadas de pagina oficial del senado de la república
Gustavo Lozano, Twitter: @GustavoLozaRed
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