La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tlajomulco de Zúñiga por tortura y trato indigno contra una mujer. Los hechos se registraron en septiembre de 2020 cuando la mujer ingresó a un supermercado, fue señalada y retenida por personal de seguridad privada porque supuestamente pretendía robar mercancía.
Momentos después arribaron al lugar dos elementos de la comisaría de Tlajomulco- quienes sólo iban a comprar alimentos para su consumo- y el personal le refirió lo que ocurría.
Los policías tomaron conocimiento del caso y autorizaron a una guardia de seguridad privada que realizara una inspección a la agraviada en los baños del supermercado.
Posteriormente la esposaron, en calidad de detenida la retuvieron y se la llevaron al módulo de operaciones del Sector Base Palomar, esto a pesar de que el responsable del personal dijo que no ejercería acción legal.
Acto seguido los uniformados argumentaron que la pondrían a disposición por faltas administrativas, pero fueron omisos en dar trámite correspondiente y reportar la detención como lo establece la ley.
De acuerdo a la defensoría “quedó demostrado el actuar ilegal de los elementos quienes no siguieron los principios, procedimientos y protocolos sobre la detención y retención de la que fue víctima la agraviada”.
Ademas “el presunto robo equiparado no estuvo bajo el mando y conducción del Ministerio Público, además fue esposada innecesariamente en virtud de qué no ejerció resistencia, la inspección en su persona y sus pertenencias se realizó fuera del marco de la legalidad y se le retuvo y privó de la libertad de manera indebida”.
También se comprobó que los elementos junto con una compañera de la corporación sometieron a la mujer a agresiones verbales y físicas que constituyen la tortura y que atentaron contra su dignidad humana.
Se confirmó que los elementos involucrados llamaron del celular de la agraviada a su pareja sentimental para extorsionarlo al pedirle dinero para dejarle en libertad y sustrajeron de su patrimonio la cantidad de tres mil pesos lo que ocasionó un menoscabo a la salud e integridad psicológica de la agraviada.
Acreditaron también el actuar doloso de los elementos aprehensores y de una policía descrita al módulo operativo así como de otro elemento quien tuvo conocimiento de lo sucedido pero que no dio vista a sus superiores jerárquicos ni denunció los hechos.
Por lo anterior la Comisión Estatal solicitó que se inscriba a la agraviada en el Registro Nacional del Delito de Tortura y Registro Estatal de Atención a Víctimas para que se le otorgue la atención y reparación integral; además de qué se le dé atención médica y psicológica especializada para que supere el trauma; que se realice una disculpa; el personal sea capacitado; se impongan correcciones disciplinarias y se supervise a los elementos.
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