La administración pasada utilizó el equipo de espionaje «Galileo«, así lo confirmó el mandatario estatal de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. La contratación del equipo se hizo con la empresa Sym Servicios Integrales en 2014 (durante el periodo del finado, Aristóteles Sandoval Díaz) con un presupuesto de 263 millones de pesos (mdp).
A decir del gobernador, “en la administración pasada se compró lo que se llamó Equipo de Control Activo de Datos”, aparentemente a fin de incidir en actividades delictivas como secuestro y otros delitos, sin embargo, se presume que se utilizó para espionaje político.
Alfaro Ramírez dijo que a su llegada a la administración supo del equipo y acordó junto con el fiscal estatal que no se iba a utilizar, se puso a resguardo y se le informó a la Contraloría del Estado que realizara una auditoría integral sobre la adquisición, uso y mantenimiento del equipo Galileo.
Como resultado se hicieron tres auditorías y están a la espera de la culminación de un peritaje del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
“Le he pedido al fiscal del Estado que establezca comunicación de inmediato con la Fiscalía General de la República (FGR) para establecer una ruta coordinada a seguir respecto a este tema. En cuanto tengamos este peritaje terminado tendremos toda la información que nos permita coadyuvar en lo que tiene que convertirse en una investigación a profundidad sobre cómo fue usado este sistema en Jalisco y que evidentemente es muy importante que los ciudadanos de nuestro estado sepan que fue un equipo que fue inhabilitado y guardado a partir de que entramos a esta administración y eso está documentado”.
Según Alfaro Ramírez la operación del equipo se tuvo en la Secretaría General de Gobierno (SGG) y no en la Fiscalía, y en este momento no se puede saber a quién se espió. El mandatario resaltó que en su administración el equipo quedó inactivo, asegurado y que no se renovaron las licencias.
A decir de la Contralora Estatal, Teresa Brito Serrano “el uso del equipo careció de controles, vulnerando la confidencialidad de los datos contenidos en el mismo, teniendo la presunción de que el sistema y su contenido pudo ser utilizado por personas ajenas a la Fiscalía -en ese tiempo- con un fin distinto para el cual fue adquirido, cuyo propósito era abonar a las tareas, a las estrategias en el combate al tema de los secuestros particularmente”.
Agregó que se identificó por parte de los auditores que “el equipo se utilizaba por diversos usuarios, sin registro o control que permitiera conocer quién había operado el mismo y se encontró, por parte de los auditores, antecedentes de movimiento del equipo, es decir debiendo estar en la Fiscalía como se había establecido para su coordinación, se trasladaba a otras dependencias”, motivo por el cual se solicitó peritajes al IJCF.
Se sabe que el equipo fue financiado del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para realizar trabajos contra el secuestro y crimen organizado.
El contrato de arrendamiento refiere que se cuenta con un control activo de datos, un software, tres vehículos, equipo de cómputo, mobiliario, cámaras fotográficas, equipo táctico, licencia y un laboratorio forense.
Isela Ibarra
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