Vecinos señalan corrupción e influyentismo tras permisos para la construcción de un edificio en la colonia Country Club; el conflicto es por el desarrollo vertical Mar Tirreno 62, en Guadalajara. Señalan “la participación irregular de una red que opera bajo el amparo del gobernador jalisciense”.
La familia Ayala Michel dijo oponerse a la construcción pues sus propiedades se han visto dañadas en cuanto a infraestructura, sin embargo la inconformidad principalmente se debe a que el edificio contará con ocho niveles más dos sótanos en una zona donde no lo permite el Plan Parcial correspondiente.
“Ya se han interpuesto amparos y se han realizado juicios administrativos para evitar la construcción ya que nos roba calidad medioambiental, privacidad, utilidad y tranquilidad de las viviendas”, señaló otro de los afectados.
Los vecinos denunciaron que «la red de corrupción de funcionarios de alto nivel están cobijados por el jefe del ejecutivo estatal, Enrique Alfaro Ramírez» pues Rafael Orendain Parra, accionista de Mar Tirreno 62 fue el enlace empresarial durante la campaña de Alfaro Ramírez para gobernador, y su hermana, María Guadalupe, labora en el despacho del mandatario en Casa Jalisco.
También señalaron al presidente municipal de Guadalajara con licencia, Ismael del Toro Castro por obstaculizar el cumplimiento de la suspensiones y medidas cautelares originadas por el Tribunal de Justicia Administrativa, juzgados y tribunales federales, evitando que la dirección de Inspección y Vigilancia ejecutara las clausuras.
Otro de los mencionados en la presunta red es el Juez Octavo Penal, Javier García Muñoz esto luego de que, a decir de los quejosos, “ordenó que se congelaron las cuentas bancarias y se aseguraran bienes inmuebles de la familia Ayala Michel” esto según “como medida de presión para que desistan de los juicios que mantienen a la obra suspendida”.
También figuran en las quejas la Fiscalía Estatal (FE) de Jalisco “por negarles acceder a la carpeta de investigación”; la PRODEUR “por desistirse a representar a los quejosos”; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por “operar una huelga de trabajadores falsa”, el Consejero de la Judicatura, Iván Novia Cruz “por obstaculizar el trámite de las quejas administrativas”, así como otros funcionarios de los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan.
Isela Ibarra
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