Un hombre fue buscado por más de un año, su cuerpo estaba un tráiler del IJCF, a pesar de que su madre lo buscó ahí muchas veces, nunca se le notificó debido a la falta de coordinación del Ministerio Público y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
El hombre fue arrollado el 9 de septiembre del 2017, dos días después murió en el Hospital Civil de Guadalajara y fue trasladado a las instalaciones del Instituto.
La mujer comenzó a buscarlo desde septiembre, en compañía de personas que tenían contacto con él comenzó su búsqueda en diferentes partes, sin encontrarlo. En enero de 2018 denunció ante la Fiscalía del Estado la desaparición, de ahí la mandaron al IJCF a buscar el cuerpo.
En las instalaciones del IJCF le explicaron que ahí no tenían su cuerpo y que, de encontrarlo, le avisarían. Durante un año la mujer acudió al Instituto para buscarlo, sin obtener noticias de su hijo.
Fue hasta el 27 de noviembre del 2018 cuando unos agentes del Ministerio Público le llamaron para decirle que habían encontrado a su hijo y que estaba en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a donde acudió a reconocerlo.
“La bolsa donde estaba mi hijo estaba toda maltratada en un tráiler, al reconocerlo, me lo entregaron, pero no sus pertenencias ni me dijeron dónde lo habían encontrado, ni lo que sucedió con él”, se quejó la madre del fallecido.
En diciembre de 2018 la mujer presentó una queja en contra el personal del IJCF, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, debido a la demora en la localización, identificación y entrega del cuerpo sin vida de su hijo, sin importar que en repetidas ocasiones se presentó a buscarlo en sus instalaciones.
Durante la investigación que realizó personal de esta institución se estableció que también elementos de la Fiscalía incurrieron en acciones y omisiones violatorias de derechos humanos, pues desde septiembre del 2017 fue identificado en el Instituto mediante huellas dactilares y se les notificó, sin embargo esa información jamás fue entregada a la madre del fallecido.
Luego de la investigación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos concluyó que la FGE y del IJCF violaron los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica en su modalidad de incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia, el derecho a la verdad y al trato digno del fallecido; y como víctimas indirectas, su madre y demás familiares directos, en virtud de que no actuaron bajo los principios de debida diligencia, eficacia, efectividad, exhaustividad y máxima protección, entre otros que deben regir en estos casos.
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GM
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