Debido a las situaciones que se han manifestado en la ciudad de abandono, maltrato y explotación laboral a personas mayores, se ha presentado una iniciativa de reforma al código penal del Estado que propone una pena de tres a siete años de cárcel a quien realice acciones de este tipo.
En esta pena se ha planteado que se aplicará a personas que por cualquier medio administre u obtenga algún beneficio económico, a través de la explotación de una persona con discapacidad física o mental, un menor o una persona mayor de 60 años, obligándolo a trabajar en espacios ya sea públicos o privados.
Esto se contempla en el artículo 172 del Código Penal el cual especifica que este delito se castigará con cárcel y una multa equivalente de cien a quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA) y de cien a quinientas jornadas de trabajo en favor a la comunidad.
Además si el inculpado es integrante de alguna asociación delictuosa u obliga a la víctima a fingir ante la sociedad, la pena será aumentada al doble.
Se presentaron también acuerdos para exhortar al gobernador a crear un protocolo de atención a adultos mayores para así prevenir y dar seguimiento a los casos de violencia que se han registrado.
GV
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