Fue aprobada por el Congreso del Estado, la ley que implementará medidas y lineamientos, en coordinación con autoridades federales, para la protección de profesionales del periodismo y activistas defensores de derechos humanos.
Se pretende garantizar la seguridad e integridad, en todo momento, de las personas que corren riesgo a causa del desempeño de su labor como comunicadores, asegurando también el principio de libre expresión. De igual manera para aquellos que realizan labores de defensa de derechos humanos.
Se impondrán sanciones que van desde los 6 meses hasta los tres años de prisión y multa de entre 50 y 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a todo aquel que de manera intencionada pretenda obstaculizar o censurar medios de comunicación masivos. Esto abarca desde la producción de material hasta la distribución del contenido a través de todas las vías existentes.
El artículo 309 del Código Penal del Estado de Jalisco será adicionado con las nuevas sanciones y establecimientos, así como el Título denominado «De los Delitos contra la Libertad de Expresión».
Se formará un Consejo Consultivo, a través de una convocatoria estatal pública, el cual será formado por nueve integrantes profesionales y con experiencia en defensa de derechos humanos, libertad de expresión y periodismo.
En un contexto local, nacional y global en el que el ejercicio del periodismo se ha vuelto una de las actividades más peligrosas, es competencia gubernamental proporcionar protección y seguridad a través de planes estipulados de emergencia y prevención.
Por José Pablo Quiñones
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