Domingo, 17 de Diciembre del 2017

Reportajes

Crónica de una pesadilla

A nuestra redacción llegó una denuncia de una usuaria, en la cual detalla algunas de las prácticas de prepotencia, corrupción e impunidad con la que actúan algunos servidores públicos. Denuncias como esta son una constante en nuestras redes sociales, donde los usuarios describen justamente la pesadilla en la que llega a convertirse hacer un trámite, aclarar una multa o simplemente tratar con funcionarios.

Te dejamos la denuncia que el usuario tituló justamente como “Crónica de una pesadilla”:

El pasado 5 de febrero, a las 10:24 de la noche, mi hijo venía de una cena y traía de regreso a varios amigos. Había un puesto de control de alcoholimetría en la Avenida Acueducto, de oriente a poniente, entre Av. Patria y Periférico. Bajó la velocidad, pero no recibió ninguna indicación de detenerse en ese puesto de control, y continuó por su camino. Unos metros más adelante, una camioneta de vialidad que venía circulando de poniente a oriente, se dio la vuelta en “U” y le ordenó detenerse. Detrás de él se estacionó una camioneta VAN con la leyenda de “Salvando Vidas”. Repito, el operativo de “Salvando Vidas” estaba ubicado 100 metros antes, estas dos camionetas no eran parte de ese operativo, sino que andaban circulando.

Mi hijo se detuvo, y el agente de movilidad le ordenó bajar del vehículo, lo cacheó y una agente le pidió que soplara para obtener una prueba cualitativa. Mi hijo había tomado dos copas de vino tinto en la cena, y no tuvo problema en soplar. Al dar positivo a la prueba cualitativa, le pidieron que subiera a la VAN, y ahí sin más lo esposaron y le dijeron que iba a estar detenido 12 horas o pagar una multa de $10,000. Mi hijo le pidió que le hicieran la prueba cuantitativa, pero a partir de ese momento la conducta de los agentes fue amenazadora y agresiva. Le dijeron que se estaba resistiendo al arresto, y que si no cambiaba de actitud lo iban a detener 24 horas, y si no cambiaba, lo detendrían 36 horas. Le dijeron que lo habían detenido porque había cometido una infracción, él pide que le digan qué infracción cometió y a cambio sólo obtenía silencio o amenazas. Le ordenaron firmar la hoja de la detención, él no quería firmarla porque jamás le hicieron la prueba cuantitativa ni siguieron los protocolos establecidos, pero volvieron a amenazarlo con 36 horas de detención si no firmaba.

Los amigos de mi hijo intentaron filmar el arresto, totalmente fuera de los protocolos establecidos, pero fueron amenazados por los agentes de vialidad. Ellos fueron testigos de todas las anomalías cometidas, una tras otra.

Por su “buen comportamiento” le dijeron que sólo le darían 12 horas, mismas que cumplió en el centro de detención de la Curva. El lunes siguiente comenzó la pesadilla de intentar recuperar el vehículo detenido.

Cuando llegamos al departamento de Tránsito nos dijeron que teníamos un adeudo de muchos miles de pesos por concepto de multas de foto-infracciones, mismas que nunca han llegado a nuestro domicilio, y que si no se pagaban no nos regresarían el vehículo. Comenzamos un calvario de largas filas para obtener los folios de las multas, luego la certificación, luego la inconformidad. Tres días enteros pasaron y todo transcurría con muchísima lentitud. Era desesperante intentar avanzar un poco más rápido, pero todo está diseñado para exasperar la paciencia y abusar del tiempo de los contribuyentes.

Examinamos la ley y el reglamento de movilidad, y en NINGÚN lado está establecido que para la devolución de un vehículo deba estar completamente sin ningún tipo de adeudo. Las mismas autoridades de Tránsito reconocieron que era completamente ILEGAL este procedimiento de detener el vehículo de esta manera, pero que la Secretaría de Finanzas había ordenado, por encima de la ley, que no entregaran vehículos que tuvieran adeudos, como una manera de forzar a los ciudadanos a pagar por multas inclusive inexistentes.

Después de tres largos, penosos días, por fin parecía que veríamos la luz. Pero faltaba el último obstáculo: la firma de la persona encargada de liberar los vehículos. Esa persona nos dijo que nos sentáramos y esperáramos a que fuéramos llamados, pero las horas pasaban, una tras otra, y todos se iban menos nosotros. Cerraron las oficinas, y seguíamos esperando dentro. Cuando todas las personas se habían retirado, nos mandó llamar la doctora Violeta Godínez a su despacho, y nos dijo que debíamos entregarle una cantidad a cambio de la firma de liberación. Con extrañeza, le dijimos que habíamos seguido todos los protocolos, y seguimos todos los pasos indicados por la misma autoridad durante tres días, y no veíamos que nos hicieran falta más trámites. Ella nos dijo que era un “gesto de buena voluntad” de que pagaríamos las multas por las que nos habíamos inconformado, y que no nos preocupáramos porque ese dinero iba a ser abonado directamente a nuestras multas, pero debíamos entregárselo a ella en efectivo. No tenía ningún descaro en pedirlo.

Sabiendo que no firmaría la liberación del vehículo si no entregábamos esa cantidad, se la entregamos en efectivo, y a cambio, nos entregó la firma de la liberación. Me siento frustrada, engañada, robada. Tres días perdidos, y en medio de esta pesadilla nos dimos cuenta que todo el sistema de movilidad está diseñado para dejar al ciudadano en completa indefensión, sujeto a abusos de agentes, oficiales “toritas”, empleados de Tránsito, peritos y directivos. Todo el Sistema de Movilidad está corrompido. Nadie ayuda al ciudadano común.

Escribo esto como un testimonio real y verídico de una situación grave que aqueja a nuestra entidad. No podremos avanzar como país, como nación, como estado, como ciudad, si las mismas autoridades corrompen todo el estado de derecho de los ciudadanos. Qué pena que los ciudadanos tengamos que temer no tanto de los delincuentes, sino de las propias autoridades encargadas de protegernos.

¿Has tenido una mala experiencia con algún servidor público? Déjanos saberlo en los comentarios.

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